Radicalizar lo Común. #1633

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Por Alberto Híjar Serrano

Por todo el país crece la autogestión y la autodefensa comunitarias. Es la respuesta necesaria a los operativos militares incluyentes de grupos paramilitares, prisiones y centros de tortura clandestinos y jueces y ministerios públicos predispuestos al soborno.

La Caravana contra el Paramilitarismo, en Defensa y en Derecho al Territorio y los Derechos Humanos con veteran@s de la APPO y la CNTE, logró burlar el cerco en Amozoc, para llegar a la capital, solidarizarse con el plantón de familiares de Ayotzinapa y de otras organizaciones de búsqueda y reclamo de desaparecidos. Siguieron a Michoacán herido por los ataques militares de Arantepacua en Nahuatzen, semejantes a los de Nochixtlán y Palmarito: soldados con armas largas disparando protegidos por sus uniformados secuaces. El largo nombre de la organización oaxaqueña, evidencia la concreción de la consigna internacionalmente asumida de “fue el Estado”, promotor de la destrucción y desposesión territorial, del derecho reformado para legalizar despojos y de la reducción de las leyes en beneficio de los grandes consorcios y sus socios caseros. El poner por delante la denuncia del paramilitarismo no solo apunta a la complicidad entre los gobiernos, las bandas criminales y la cooptación de víctimas de la pobreza extrema, sino que marca el problema de las divisiones comunitarias promovidas por los gobiernos, no sólo en momentos electorales cuando se instrumentan sobornos a cambio de programas económico-políticos.

La liberación de José Manuel Mireles, luego de tres años de prisión injusta con malos tratos constantes, no calma los ánimos. Fianza de 30 mil pesos, obligación de firmar cada semana en el juzgado donde se mantiene activo su proceso, prohibición de viajar y aceptar entrevistas, imponen condiciones represivas extremas. Su enfermiza apariencia distinta a la de apuesto médico fundador de las autodefensas comunitarias en Michoacán, su estado de salud precario, le impiden seguir en la lucha aunque fuera con las declaraciones precisas que ya no lo caracterizan. Peor le fue a Maricela Escobedo en Chihuahua al ser asesinada frente al edificio de gobierno de Ciudad Juárez, por los mismos criminales de su hija. La crueldad extrema aleccionadora asesinó a Miriam Rodríguez Martínez el 10 de mayo en su propia casa en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, donde en 2010 fueron ejecutados por la espalda 72 migrantes de Centro y Sudamérica y en abril de 2011 fueron encontrados 183 cadáveres en fosas clandestinas. Miriam encontró por cuenta propia el cadáver de su hija y recopiló evidencias de la culpa de 16 asesinos. 13 fueron procesados. De nada sirvió su denuncia de las amenazas de muerte a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Impunidad, complicidad del gobierno con las bandas criminales, recomendaciones incumplidas de las comisiones de derechos humanos de por si lentas y temerosas, marcan el paso de los familiares organizados en caravanas y plantones. Los de Ayotzinapa fueron recibidos en la puerta del Senado por un influyente perredista a cambio de la comisión con la que habían acordado reunirse. Uno de sus cohetones de protesta rompió cristales y seguramente ya consta en el expediente judicial en espera de cumplimiento político.

Del lado bueno, los intentos de cooperativas, cajas de ahorros, seguridad y fiestas, celebraciones y duelos, procuran ir a la raíz política y enfrentar al Estado. Pero la corrupción municipal, los caciques tan eternos como los del Grupo Atlacomulco en el Estado de México y por todo el país de la corrupción extrema, propia del fin del federalismo republicano, a cambio de la coordinación de gobiernos autónomos. En Nayarit, por ejemplo será gobernador un junior Echeverría, de la familia que lo posee todo: transporte, hotelería, plaza de toros, negocios de todo tipo, la fundación cultural Alica para lavar la imagen y eludir impuestos.

Ni una sola noticia aparece de las propiedades decomisadas, los fondos bancarios, las cuantiosas posesiones de los irremediablemente procesados. La tradición del botín de guerra que enriqueciera a los Nazar Haro y su Brigada Blanca, sigue funcionando. En la globalización capitalista, las complicidades y los mandos son trasnacionales como en la frontera con Guatemala y Belice bajo control de los Comandos Sur y Norte de Estados Unidos, coordinados con el Instituto de Migración de México y las fuerzas de seguridad de Guatemala y Belice.

Cuando van de por medio bosques, manantiales, concesiones mineras devastadoras y planes turísticos coloniales, la organización comunitaria se profundiza y se extiende como en la Huasteca y en el norte, en Tijuana donde la Orquesta de Dresde ha organizado una gran protesta contra el muro. El apoyo solidario de los artistas en algo ayuda al disminuir el miedo y la desconfianza. Las participaciones recientes de una rondalla y un grupo de baile de las Normales Rurales y la actuación de Lengualerta y Taller del Sur que anima con percusiones improvisadas para cantar el “Son de la barricada” como homenaje a la APPO, son signos y señales de la organización comunitaria que prolifera por todas partes con las asambleas donde se construyen programas económico-políticos como alternativa de largo plazo a la charlatanería ampliamente difundida de los partidos políticos generosamente financiados por el Estado corrupto.

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