Ley de Seguridad Interior y Suprema Corte. #1672.

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Opinión

Por Antonio Moreno

Ya nos hemos acostumbrado en México a observar la velocidad con que los legisladores aprueban leyes dispensando, cuando les conviene, todo protocolo legislativo con tal de echar a andar políticas publicas que les parezcan urgentes. En este caso fue la Ley de Seguridad Interior, en cuestión de minutos los senadores hicieron mínimos cambios al texto aprobado y enviado por los diputados para que al día siguiente fuera promulgado por el ejecutivo federal ¡qué rapidez! Sin embargo, ante el rechazo de múltiples organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, de los cuales hicimos referencia en el numero anterior, pero principalmente por los recursos de inconstitucionalidad presentados por la oposición, el futuro de la Ley de Seguridad de Interior se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por lo anteriormente mencionado, el pasado 27 de diciembre, Salvador Cien Fuegos, titular de la Secretaria de la Defensa Nacional declaró que [las fuerzas armadas]respetarán lo que se decida tanto en el Congreso de la Unión como en la SCJN con respecto a la Ley de Seguridad Interior. Es en cierto grado tranquilizador que el ejercito refrende lealtad a las instancias civiles, sin embargo, es obligado recordar que en la práctica el poder judicial federal carece de autonomía. Hecho que ha quedado demostrado en múltiples ocasiones, por ejemplo, es muy importante recordar que gracias a una decisión de la Corte ningún funcionario gubernamental fue sometido a proceso penal por lo de la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo Sonora en la que perdieron la vida 49 niños y 79 más resultaron heridos; y es importante traer este caso a la memoria porque a consecuencia de esas investigaciones, los propios ministros de la SCJN demandaron que se les retire la facultad para investigar, ya que, a decir de ellos, la importancia de ese rol, los compromete ante la opinión pública nacional, por lo que buscan dejar de ser el órgano de control de la constitucionalidad de las leyes, y que la función investigadora pase a otra instancia, con lo cual la misma Corte se desnaturaliza y minimiza, acabándose con el equilibrio de poderes, fortaleciendo aún más el poder despótico del ejecutivo. Podríamos rememorar otros ejemplos de aberrantes decisiones de la SCJN, pero conformémonos con señalar uno de los más recientes, la declaración de constitucionalidad del “gasolinaso”. Es por ello que no se puede caer en el exceso de confianza, es necesario visualizar que, es en la acción masiva y organizada de la sociedad en donde podemos encontrar el camino que nos lleve al cumplimiento de los derechos sociales, civiles, laborales y en este caso, humanos.

Por ultimo es fundamental insistir en el papel manipulador que están desempeñando en este asunto los medios de comunicación, que son en buena medida quienes obstaculizan la acción masiva y organizada que se menciona como indispensable en el párrafo anterior; ya que con información manipulada impiden que el pueblo observe las intenciones de dominio absoluto que se esconden detrás de los discursos de los funcionarios que dicen estar en pro de la seguridad. “¿Si no son los militares, quienes?” cacaraquean los locutores de radio y televisión, fingiendo preocupación. La opción es nítida: es necesario ir, en primer lugar, a la raíz de la criminalidad que sin duda está en lo social, lo político y lo económico; y paralelamente “combatir el lavado de dinero, intensificar las labores de inteligencia y proceder con urgencia a la rehabilitación de las instituciones policiales”, (la jornada 28-XII-17).

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